La república de la propiedad

Reconforta encontrar en el artículo de Nancy Fraser (profesora de Filosofía en la New School University de Nueva York), «Sobre la justicia», en el número 74 de New Left Review, la coincidencia con la idea-fuerza que manteníamos nosotros en las entradas que dedicamos a repensar la justicia distributiva -la que tiene relación con la distribución de la propiedad y la riqueza- en el blog («Suum cuique tribuere», primera parte y segunda parte), a saber: la justicia no existe, no es un dato de la experiencia, sino una ideación creada de forma refleja como respuesta a la injusticia, que sí que forma parte de nuestra percepción social.

Desahucio 300x202 Del mismo modo que ocurre con la idea de paz o libertad, otras tantas respuestas al sentimiento insoportable de la esclavitud o la guerra. Así que «justicia», «paz» o «libertad» son sólo aspiraciones del mundo humano, alternativas al estado de naturaleza, y como tales, elaboraciones laboriosas y trabajadas, dependientes de la vigilancia y esfuerzo de nuestra voluntad y entendimiento.

Las coincidencias con la reflexión de Nancy Fraser van más allá: su recordatorio de la consideración de la justicia como la virtud suprema, que organiza y ordena las demás, para los antiguos, incluido Platón, o su simpatía por John Rawls (en quien nos deteníamos también en aquellas dos entradas nuestras) y su afirmación de que «la justicia es la principal virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». Éste es el marco conceptual desde el que quiero compartir con los amigos del blog lo que me inquieta hoy: por qué el problema de los desahucios, como manifestación concreta del malestar social difuso que, con tan poca fortuna, llamamos «crisis económica», concita sentimientos tan hirientes de injusticia distributiva y estos conatos de rebelión social que han motivado entre nosotros.

La razón principal es, se entiende bien después de lo dicho: la experiencia concreta de injusticia que provoca ver a una familia expulsada de su casa y arrojada, literalmente, a la calle. Como la protesta radical que suponen los suicidios que esa sensación de injusticia ha motivado (no tan extraños ni imprevistos, por otro lado, si recordamos que los suicidios en los centros de trabajo, como forma de denuncia extrema de las agobiantes condiciones laborales contemporáneas, se vienen sucediendo desde hace años; si bien su recepción social ha estado ensordecida por la extrema discreción con que los han ido filtrando los Medios). Pero, más allá de la empatía con esos vecinos y de la triste paradoja que explican muy bien consignas de protesta como la del retruécano de que cada vez hay más gente sin casa y más casas sin gente, ¿qué es lo que nos inquieta tanto de los desahucios? La respuesta es clara: la prevalencia legal y jurídica de la propiedad privada sobre el derecho de gentes a tener una vivienda digna.

Les Tres Riches Heures Du Duc De Berry Janvier 300x245Si nos seguimos preguntando por qué eso que es tan claro para la razón común no lo es para la opinión pública, por qué esa injusticia radical (en el sentido en el que Rawls habla de la justicia como condición fundamental de las instituciones, de la estructura básica de una sociedad) no aflora en el debate político, no tenemos más remedio que responder, como hace Nancy Fraser, con un apólogo popular: si a una rana la metemos en un recipiente con agua hirviendo, la rana da un salto y huye, salvando así su vida. Si, por el contrario, la metemos en agua fría que, poco a poco, vamos calentando, la rana, que no nota el cambio gradual de la temperatura, se queda dentro hasta que muere. El engaño de la rana ayuda a entender la razón del consentimiento social al principio sacrosanto de la propiedad privada. Por esa razón, Toni Negri llama, de forma muy significativa, «República de la propiedad» al régimen político universal que padecemos.

El sentimiento de injusticia, de «hibris», de la propiedad privada (y la pulsión intelectual de restaurar el equilibrio roto, de aliviar el sufrimiento empático, de consolarnos de la punzada moral que sentimos invocando la justicia distributiva) tiene muchas manifestaciones al margen de los desahucios o los contratos esclavistas de las hipotecas bancarias: el aumento de consumo y exhibición de mercancías de lujo, por ejemplo, la falta de decoro de las clases ricas y ociosas (las del 1% tan citado), por ejemplo. La amnesia moral de nuestras repúblicas de la propiedad incluye el olvido incluso de las viejas leyes anti suntuarias romanas, que desde la Ley Oppia (215 a. C.) a la Ley Emilia (675) o las posteriores disposiciones imperiales, intentaron contener la exhibición del lujo en la idea perdida del decoro público, desde la cantidad de invitados a la cantidad de alimentos, pasando por la ley del oro de las joyas y el exotismo de los tejidos y colores…

Jornaleros2 234x300En el plano personal de quien esto escribe, nacido y criado en tierras de latifundios y señoritos, el sentimiento de injusticia hiriente provocado por la propiedad privada, proviene, justamente, de la propiedad de la tierra. Por eso me resulta tan penoso que haya desaparecido del conocimiento común, engullida por las fauces insaciables de ese «Moby Dick» de los medios de persuasión contemporáneos, que transforman a tal velocidad realidad y vida a olvido e indiferencia, la noticia reciente de una iniciativa del diputado de IU José Luis Centella que, según lo contaba el diario El País, «defiende que actualmente existen extensiones de suelo propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas al Ejército, que podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas.

En este sentido, IU reclama un estudio de las propiedades estatales y de particulares que posean tierras abandonadas o subexplotadas para incluirlas en el banco.» Del mismo modo ha sido olvidada, sin mayor eco, la respuesta gubernamental: «el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha cerrado la puerta a esta posibilidad y ha explicado que las fincas del Estado ‘tienen como finalidad principal la conservación del medio natural y el uso y disfrute por los ciudadanos siempre que sea posible’. En ese ‘uso y disfrute’ no se incluye como finalidad principal el empleo.» Pero de todo ello, de ese problema eternamente irresuelto, seguiremos hablando en la segunda parte de esta entrada, para no abusasr de la prudente paciencia del lector.

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