La propiedad de la tierra y la Ley de la Gravedad

La propiedad de la tierra es una idea paradójica que oscila entre el símbolo y la mercancía, pero en los dos casos tiene un carácter monstruoso. Si la entendemos como signo o emblema de poder, insignia de clan y herencia, entra en la categoría del significante-amo, tal como entiende la psiquiatra feminista Luce Irigaray el símbolo fálico: es decir, cosa de hombres, patrimonio, en tanto el matrimonio es lo propio de las mujeres, hija, esposa, madre. Este significante-amo de la propiedad está santificado en todas las constituciones como un principio sagrado que lleva al filósofo Antonio Negri a hablar de los estados, genéricamente, como la República de la Propiedad. No hay otro principio que haya provocado más crímenes, guerras, alzamientos y rebeliones que este, sin que haya sido nunca abolido, repensado o refundido de forma duradera hasta el presente: es la verdadera alma del capital y sus mercados.

En cuanto a su carácter imposible de mercancía -insólita pues es soporte de todas las demás- Marx lo explicaba integrando la tierra en su relación dialéctica con el movimiento perpetuo del capital donde queda sujeta, junto a todas las demás mercancías, a la noria infernal del valor, el valor de uso, el valor de cambio y la circulación universal del dinero. Así, en los manuscritos de 1844* 1 del pensador alemán, aquí más joven e impetuoso, leemos:

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Es necesario que sea superada esta apariencia, que la territorial, raíz de la propiedad privada, sea arrebatada al movimiento de ésta y convertida en mercancía, que la dominación del propietario, desprovista de todo matiz político, aparezca como dominación pura de la propiedad privada, del capital, desprovista de todo tinte político; que la relación entre propietario y obrero sea reducida a la relación económica de explotador y explotado, que cese toda relación personal del propietario en su propiedad y la misma se reduzca a la riqueza simplemente material, de cosas; que en lugar del matrimonio de honor con la tierra se celebre con ella el matrimonio de conveniencia, y que la tierra, como el hombre, descienda a valor de tráfico. Es necesario que aquello que es la raíz de la propiedad territorial, el sucio egoísmo, aparezca también en su cínica figura. Es necesario que el monopolio reposado se cambie en el monopolio movido e intranquilo, en competencia; que se cambie el inactivo disfrute del sudor y de la sangre ajenos en el ajetreado comercio de ellos. Es necesario, por último, que en esta competencia la propiedad de la tierra, bajo la figura del capital, muestre su dominación tanto sobre la clase obrera como sobre los propietarios mismos, en cuanto que las leyes del movimiento del capital los arruinan o los elevan. Con esto, en lugar del aforismo medieval nulle terre sans seigneur aparece otro refrán: l’argent n’a pas de Maître, en el que se expresa la dominación total de la materia muerta sobre los hombres.

El paso de fetiche de poder (nulle terre sans seigneur) de la tierra acotada al de mercancía (l’argent n’a pas de Maître) queda reflejado en las maneras de medirla a través del tiempo. Así, durante siglos (en algunas partes de Europa hasta la misma Revolución Francesa) las superficies agrarias se medían fundamentalmente de dos maneras: por tiempo de trabajo humano y por la cantidad de granos sembrados. Según cuenta Witold Kula 2 en su hermoso y entretenido libro sobre las medidas y los hombres:

(…) desde España hasta Rusia, comprobamos la existencia del sistema de medir la tierra por la cantidad de trabajo humano. Las pequeñas diferencias geográficas o cronológicas (campo de cereales o viñedos, arado de bueyes o de caballos, etc.) tienen importancia secundaria. Lo importante es la identidad de la actitud mental, de la relación del hombre con la tierra. La elección de este principio de medición señala cuál de las numerosas propiedades de la tierra era más importante para el hombre: en este caso la más importante era la cantidad de trabajo que debía dedicarse a la tierra para que esta diera frutos.

Este sistema de medición tuvo una duración poco común en muchas partes de Europa. Aún en los albores de la Revolución Francesa, en uno de los Cahiers de doléances 3 de la región de Bourges, encontramos la siguiente definición: “el arpent no se mide en varas o pies, sino en journées, es decir, es decir, en los campos que pueden ser arados por un hombre en el transcurso de un día; según las costumbres locales, un arpent de tierra es igual a 16 journées“.

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La sustitución universal de estas maneras de medir por el sistema métrico preparaba, con su pretensión de progreso y razón enarbolada por la Revolución Francesa, en realidad, un cambio de actitud mental en la relación del hombre con la tierra que mencionaba Kula. Medir la superficie con los días que tardaba un hombre en ararla era atender a las dificultades del relieve, a la calidad de la tierra, a su apelmazamiento y considerar, por tanto, que dos propiedades consideradas iguales si las medimos en hectáreas, no lo son -como nos dice el sentido común- calculadas en tiempo de trabajo. Además había un presentimiento en esa manera secular de medir, de que, como aprendimos de Marx, es el trabajo (socialmente necesario) el que otorga su valor a las mercancías.

Una de las consecuencias desdichadas del sistema métrico aplicado a la medición de superficies agrarias la tenemos en las ayudas de la UE a los terratenientes, lo que se conoce como PAC, regalías económicas cuyo cálculo se basa solo en el número de hectáreas que posee el latifundista. A este propósito, la ilustrada revista La Marea se hacía eco este mes de julio pasado de un informe elaborado por los sindicatos andaluces SOC y SAT, bajo el llamativo título de 80 familias acaparan 100 millones de euros de la PAC en Andalucía de que:

Las 80 familias (entre ellas sólo algunas empresas) que acumulan más tierras cultivables en Andalucía percibieron en 2013 casi 100 millones de euros en concepto de ayudas europeas directas de la Política Agraria Común (PAC), sólo por ser propietarias (a los que hay que sumar otras ayudas de la PAC, a las que muchas de ellas pueden optar)

El grupo de ayudas directas de la PAC al que se acogen estos propietarios se destina a bonificar a los propietarios de tierras cultivables sin exigir a los terratenientes contrapartidas ni de producción ni de generación de empleo.

Los efectos de este sistema de ayudas en Andalucía se evidencian en el hecho de que 70 de los 80 propietarios que más cobran son familias. La familia Mora-Figueroa, fundadora de Rendelsur, la compañía embotelladora y distribuidora de Coca-Cola en Andalucía, encabeza el ranking de cobro de estas ayudas, con más de 6 millones de euros en 2013. De esos 70 apellidos familiares, al menos 13 ostentan títulos nobiliarios. Le corresponde a la Duquesa de Alba el primer puesto entre la aristocracia, y el quinto del ranking general en este apartado de las ayudas.

Al menos tres de los siete andaluces que figuran en la relación de personas más ricas de España en la última edición de la revista Forbes ocupan los primeros puestos del ranking de percepción de ayudas de la PAC: la Duquesa de Alba, Ramón Mora Figueroa, y Nicolás Osuna (de Inmobiliaria Osuna).

[…]

La PAC es la mayor política de ayudas de la UE. Absorbe el 40% de todo el presupuesto de la Unión.

Las ayudas permiten a muchos propietarios optar por mantener las tierras sin cultivar, lo que supone dejar sin trabajo a muchos jornaleros, ya que esos 80 propietarios concentran en sus manos la propiedad de casi un cuarto de millón de hectáreas, una gran parte de la superficie cultivable de Andalucía. La única contrapartida que la UE pide a estos propietarios es la observancia de ciertas compensaciones medioambientales, que en la práctica se traducen en mantener limpios de matorrales los campos para evitar incendios.

Ese dinero contante y sonante que reciben los terratenientes se calcula, decíamos, por hectáreas, todas iguales: cultivadas o no, dando trabajo o sin darlo, con inversiones de mejora y sin ellas… La UE ha subvencionado -y condenado- de siempre productos agrícolas, por intereses relacionados con el intercambio comercial mundial -no por ningún afán altruista de mantener vivo el medio campesino- como ha hecho durante décadas con la remolacha azucarera. Pero no es el caso, no explica este estipendio que yo solo puedo entender como un sustituto político contemporáneo de la vieja renta que -de nuevo Marx- el terrateniente recibía por la cesión de sus tierras al aparcero y al capital, su participación en el valor que estas generaban.

Las propiedad privada de la tierra siempre ha sido necesaria para el movimiento constante del capital. Porque es el soporte de la vida que depreda: alimentos, agua, metales, energía… La especulación con los precios de los alimentos, en esos siniestros mercados de futuros (Adrián Calvo, en su blog, explica muy bien qué son y cómo funcionan) es la cínica compostura de su financiarización. Sería posible pensar también, dadas las inversiones millonarias en tierras que se están realizando hace tiempo en África o América, por parte de multinacionales -de motu proprio o en representación de sus gobiernos- , que las dádivas de euros por hectáreas en la catalexia europea no sean sino otra manera de asegurar las grandes propiedades que ya existen, mediante esta renta atípica, en previsión de hambrunas futuras o de una venidera sed de agua universal…

Sea como sea, el significante-amo de la propiedad de la tierra forma parte ya de nuestro imprinting mental, como sus herencias o repartos, y resulta muy difícil ya imaginar otro estado de cosas, salvo que reparemos, desde nuestra distancia, en las comunidades indígenas que, a lo largo y ancho del continente americano, resisten y luchan por mantener la explotación común del campo y las aguas. El mismo Marx, en sus prácticamente desconocidas notas en el Cuaderno Kovalevsky 4 ( al decir de García Linera: “La obra de Kovalevsky está dividida en tres partes. La primera trata acerca de la propiedad en las culturas de caza y pesca en el nuevo mundo, y sobre las formas de control de la tierra de los españoles en las partes conquistadas de América.”), trató de una manera novedosa la distinción entre propiedad y posesión de la tierra:

En los Cuadernos Kovalevsky, esta distinción se hace más tajante, por cuanto Marx da cuenta de la imposibilidad de aplicar el mismo concepto de “propiedad” usado en Europa, para estudiar sociedades en donde la tierra no puede ser alienada (vendida). Cambiando sistemáticamente los títulos de Kovalevsky en los que se habla de “propiedad” por “posesión”, Marx prefería hablar de la comunidad como “dueña” de las tierras, y de los individuos trabajadores como “poseedores” de ella.

Esto que parece una disquisición teórica tan lejana, se incorpora, sin embargo, a las rebeliones campesinas andaluzas de finales del siglo XIX y comienzos del XX que tuvieron, como se sabe, una impronta anarquista tan poderosa. Díaz del Moral, el notario cordobés autor de una ejemplar historia de esas luchas campesinas 5, usa los dos conceptos cuando discute la vieja aspiración al reparto de tierras, considerándolo falsamente libertario. Lo volvemos a encontrar en las actas de consitución del sindicato CNT, en el que los ponentes usan cuidadosamente siempre “poseer” y “posesión”…

Termino con una proclama emocionante (distópica y ucrónica, tal vez, en esta Europa que presencia indiferente le final del campesinado) de unas Memorias del V Congreso Nacional de Agricultores (Zaragoza, 22 de mayo de 1917) que reclama la tierra por donde menos esperaríamos: ¡por la Ley de la Gravedad!

El propietario, que pretextando su exclusivo derecho, priva del uso de la tierra a sus semejantes que, tanto como él o más que él, la necesitan para cultivarla, comete, además de un despojo, una barbaridad inconcebible, porque se opone a la Ley de la Gravedad que nos atrae de una forma irresistible hacia la corteza terrestre, y de la cual ya no podrá nunca separarnos por muchos pretendidos derechos que invoque; ¡que no está al alcance de su estúpida pretensión el variar el curso de la naturaleza!


  1. Marx, Karl, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, URL: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm#1-3 [man1] 
  2. Kula, Witold, Las medidas y los hombres, Madrid, 1980 (primera reimpresión, 2012), Siglo XXI de España Editores . 
  3. Los cuadernos de quejas (en francés: Cahiers de doléances ) fueron unos memoriales o registros que las asambleas de cada circunscripción francesa encargada de elegir a los diputados en los Estados Generales rellenaban con peticiones y quejas. Aunque eran usados desde el Siglo XIV los más famosos son los de 1789, por su importancia en la Revolución Francesa. 
  4. García Linera, Álvaro, Introducción al Cuaderno Kovalevsky de Karl Marx, La Paz, Ofensiva Roja, 1989.
    Extracto en URL: http://es.scribd.com/doc/72278664/1-1-Introduccion-Al-Cuaderno-Kovalevsky [1-1-Introduccion-Al-Cuaderno-Kovalevsky] (Álvaro García Linera, vicepresidente del gobierno boliviano, es el único -hasta donde se me alcanza, que ha leído este cuaderno de anotaciones de Marx y que ha publicado en español la única glosa interpretativa de lo que hay en él) 
  5. Díaz del moral, Juan, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, 1979, Alianza Editorial (concluido en 1923, publicado en 1928) 

La república de la propiedad (y 2)

Estas iniciativas políticas, la de José Luis Centella, de IU, u otras más desconocidas aún como la del ayuntamiento de Redueña (Madrid), Carcaboso (Cáceres), El Campillo de la Jara (Toledo) y los pueblos cántabros de la Mancomunidad de Municipios sostenibles, que pretenden crear bancos de tierra, nacen de una buena intención: poner propiedades agrarias de titularidad pública a disposición de cooperativas o pequeños agricultores para su explotación.
JornalerosPero pecan de coyunturales, porque han surgido al calor de la «crisis» con la simple (y loable, cómo vamos a negarlo) pretensión de crear empleo, sostenible, como se llama ahora, y de paliar la despoblación rural. Pecan también de un descuido lingüístico: usar la palabra «banco» (como se hace también con los alimentos) pues la contaminación semántica acarrea al mismo tiempo un contagio ideológico: un banco acumula dinero, acciones empresariales, bienes inmuebles o tierras para negociarlos después con usura. Es decir, que si usamos el término banco asumimos de camino su naturaleza y funcionamiento, basado en la acumulación y los intercambios fiduciarios. En ningún momento se pone en cuestión la misma idea de propiedad privada que discutimos aquí, en estas últimas entradas del blog.

Centella, por ejemplo, decía en su propuesta parlamentaria: «El Banco de Tierras sería el organismo institucional encargado de redistribuir los terrenos agrícolas de forma que se adecuen lo más posible para el desarrollo y modernización agraria y social del campo.(…) El Banco de Tierras es una herramienta que permite movilizar las tierras de cultivo mediante arrendamientos o cesión (…). Los destinatarios de la actividad del Banco de Tierras pueden ser cooperativas agrarias que pretendan aumentan su base territorial o jóvenes que quieran dedicarse a la actividad agraria en zonas afectadas por el envejecimiento o el éxodo rural.» La respuesta del Ministerio a esta iniciativa ha sido la esperable y no merece más comentarios: «el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no tiene entre sus previsiones la constitución de una entidad de esas características.»

Despierta algunas expectativas mayores la actitud de la Junta de Andalucía, más receptiva ante el problema agrario: «La Junta de Andalucía, al contrario que el Gobierno central, sí creará el banco de tierras para parados con las fincas públicas. El fracaso en la venta de 20.000 hectáreas de tierras del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), por las que sólo ingresaron 10,6 millones de los 75 previstos, ha dejado el inventario casi hecho» (El País, 1/11/2012) . Aunque parece adivinarse en ello una reivindicación del último y fracasado proyecto de Reforma Agraria, implícito en la desaparición del IARA que se menciona en la noticia. Esa muerte anunciada la contaba así el mismo diario, con tono elegiaco de responso, en enero del 2011: «El viernes pasado entró en vigor el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio que da carpetazo oficialmente a la reforma agraria que nació en el año 1984 y que supone la extinción del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara). A partir de ahora, se abre un plazo de un año para que todos los colonos que venían explotando las tierras opten a su compra y adquieran la condición de propietarios»

Por su parte, el primer banco de tierras ya en funcionamiento, el proyecto municipal mancomunado del que hablábamos más arriba, pretende, con una «música» de estos tiempos, lo siguiente: «El objetivo es recuperar las prácticas agrícolas “de los antepasados” y acercarlas a las propias de la agricultura ecológica, por ejemplo, evitando los pesticidas. Una de las medidas que han desarrollado es el banco de tierras, que cuenta con un espacio en la web en el que interactúan ofertantes y demandantes de tierras para prácticas agroecológicas.» (se pueden leer más detalles sobre este proyecto en Red Montañas).

Todo ello, como comprueba el lector, en la más estricta ortodoxia de un capitalismo que se pretende con rostro humano y ecologista, como es el que defiende la socialdemocracia española. Sin embargo, el problema de fondo, la necesidad ética y política, de revisar el régimen de la propiedad y sus límites sociales, santificado constitucionalmente, sigue invisible, intocado e intocable.

Reforma AgrariaLa desatención a lo que está ocurriendo de verdad, un proceso de nueva reapropiación y concentración en la propiedad de las tierras es realmente escandalosa. En los últimos 10 años el número de sociedades no cooperativas propietarias de fincas agrícolas se ha duplicado y van acumulando un porcentaje importante de tierra cultivable. Aunque no he encontrado datos oficiales, se sabe que grupos empresariales como Ebro, Siro, Gullón o Pascual juntan cada una de ellas más de 10.000 Has de tierra. Las consecuencias de este proceso acumulativo se conocen: el precio de la tierra agrícola aleja la posibilidad de instalación de pequeños agricultores o cooperativas y facilita la especulación.

Todo está facilitado por la naturaleza jurídica de la tierra (por eso llamamos, como Negri, «república de la propiedad» al régimen que padecemos) que la considera un auténtico y exclusivo bien privado, al margen de cualquier regulación o restricción por su interés social. Su mercantilización es absoluta y está en la raíz de las desigualdades en el medio rural y entre este y el medio urbano, cada vez mayores. Y, para colmo -y para acabar por hoy el rosario de nuestras razones- no es ni siquiera ya un problema español, sino univesal.

Según un informe de la FAO, en 2011 se dispararon los precios de los alimentos -nos detuvimos en esta dramática cuestión en las entradas que le dedicábamos este verano en el blog y que el lector curioso puede leer como punto de vista complementario: Los futuros del hambre y Los futuros del hambre (y 2)– y hubo una auténtica explosión de adquisiciones de enormes extensiones de tierras cultivables y de zonas ricas en agua. De estas compras especulativas explicaba el diario Público, que es de los pocos medios atentos a estos hechos, siempre en la sombra de la invisibilidad en los grandes medios informativos occidentales, en su edición del día 19 de este mes: «La multiplicación de estas transacciones (que alcanzan un territorio equivalente a la totalidad de Europa Occidental) podría entrañar, según Diouf, ‘un forma de neocolonialismo: Estados pobres produciendo alimentos para los países ricos a expensas de su propia población hambrienta’».

Este es el verdadero «Gran Juego» del capitalismo rampante que sufrimos, en que todos somos, a nuestro pesar, participantes y cómplices involuntarios. Espero haber ayudado al lector y amigo del blog a entender la urgencia, equívocos y olvido imperdonable de esta fuente de injusticia hiriente, que hizo exclamar a un jornalero, en un diálogo con un senador, que cita Díaz del Moral en su libro sobre las luchas campesinas: «Señorito, ¿y cuándo llegará el gran día?» y responde, ante la perplejidad del político ante la pregunta, «el día en que todos seamos iguales y se reparta la tierra entre todos»…

La república de la propiedad

Reconforta encontrar en el artículo de Nancy Fraser (profesora de Filosofía en la New School University de Nueva York), «Sobre la justicia», en el número 74 de New Left Review, la coincidencia con la idea-fuerza que manteníamos nosotros en las entradas que dedicamos a repensar la justicia distributiva -la que tiene relación con la distribución de la propiedad y la riqueza- en el blog («Suum cuique tribuere», primera parte y segunda parte), a saber: la justicia no existe, no es un dato de la experiencia, sino una ideación creada de forma refleja como respuesta a la injusticia, que sí que forma parte de nuestra percepción social.

Desahucio 300x202 Del mismo modo que ocurre con la idea de paz o libertad, otras tantas respuestas al sentimiento insoportable de la esclavitud o la guerra. Así que «justicia», «paz» o «libertad» son sólo aspiraciones del mundo humano, alternativas al estado de naturaleza, y como tales, elaboraciones laboriosas y trabajadas, dependientes de la vigilancia y esfuerzo de nuestra voluntad y entendimiento.

Las coincidencias con la reflexión de Nancy Fraser van más allá: su recordatorio de la consideración de la justicia como la virtud suprema, que organiza y ordena las demás, para los antiguos, incluido Platón, o su simpatía por John Rawls (en quien nos deteníamos también en aquellas dos entradas nuestras) y su afirmación de que «la justicia es la principal virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». Éste es el marco conceptual desde el que quiero compartir con los amigos del blog lo que me inquieta hoy: por qué el problema de los desahucios, como manifestación concreta del malestar social difuso que, con tan poca fortuna, llamamos «crisis económica», concita sentimientos tan hirientes de injusticia distributiva y estos conatos de rebelión social que han motivado entre nosotros.

La razón principal es, se entiende bien después de lo dicho: la experiencia concreta de injusticia que provoca ver a una familia expulsada de su casa y arrojada, literalmente, a la calle. Como la protesta radical que suponen los suicidios que esa sensación de injusticia ha motivado (no tan extraños ni imprevistos, por otro lado, si recordamos que los suicidios en los centros de trabajo, como forma de denuncia extrema de las agobiantes condiciones laborales contemporáneas, se vienen sucediendo desde hace años; si bien su recepción social ha estado ensordecida por la extrema discreción con que los han ido filtrando los Medios). Pero, más allá de la empatía con esos vecinos y de la triste paradoja que explican muy bien consignas de protesta como la del retruécano de que cada vez hay más gente sin casa y más casas sin gente, ¿qué es lo que nos inquieta tanto de los desahucios? La respuesta es clara: la prevalencia legal y jurídica de la propiedad privada sobre el derecho de gentes a tener una vivienda digna.

Les Tres Riches Heures Du Duc De Berry Janvier 300x245Si nos seguimos preguntando por qué eso que es tan claro para la razón común no lo es para la opinión pública, por qué esa injusticia radical (en el sentido en el que Rawls habla de la justicia como condición fundamental de las instituciones, de la estructura básica de una sociedad) no aflora en el debate político, no tenemos más remedio que responder, como hace Nancy Fraser, con un apólogo popular: si a una rana la metemos en un recipiente con agua hirviendo, la rana da un salto y huye, salvando así su vida. Si, por el contrario, la metemos en agua fría que, poco a poco, vamos calentando, la rana, que no nota el cambio gradual de la temperatura, se queda dentro hasta que muere. El engaño de la rana ayuda a entender la razón del consentimiento social al principio sacrosanto de la propiedad privada. Por esa razón, Toni Negri llama, de forma muy significativa, «República de la propiedad» al régimen político universal que padecemos.

El sentimiento de injusticia, de «hibris», de la propiedad privada (y la pulsión intelectual de restaurar el equilibrio roto, de aliviar el sufrimiento empático, de consolarnos de la punzada moral que sentimos invocando la justicia distributiva) tiene muchas manifestaciones al margen de los desahucios o los contratos esclavistas de las hipotecas bancarias: el aumento de consumo y exhibición de mercancías de lujo, por ejemplo, la falta de decoro de las clases ricas y ociosas (las del 1% tan citado), por ejemplo. La amnesia moral de nuestras repúblicas de la propiedad incluye el olvido incluso de las viejas leyes anti suntuarias romanas, que desde la Ley Oppia (215 a. C.) a la Ley Emilia (675) o las posteriores disposiciones imperiales, intentaron contener la exhibición del lujo en la idea perdida del decoro público, desde la cantidad de invitados a la cantidad de alimentos, pasando por la ley del oro de las joyas y el exotismo de los tejidos y colores…

Jornaleros2 234x300En el plano personal de quien esto escribe, nacido y criado en tierras de latifundios y señoritos, el sentimiento de injusticia hiriente provocado por la propiedad privada, proviene, justamente, de la propiedad de la tierra. Por eso me resulta tan penoso que haya desaparecido del conocimiento común, engullida por las fauces insaciables de ese «Moby Dick» de los medios de persuasión contemporáneos, que transforman a tal velocidad realidad y vida a olvido e indiferencia, la noticia reciente de una iniciativa del diputado de IU José Luis Centella que, según lo contaba el diario El País, «defiende que actualmente existen extensiones de suelo propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas al Ejército, que podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas.

En este sentido, IU reclama un estudio de las propiedades estatales y de particulares que posean tierras abandonadas o subexplotadas para incluirlas en el banco.» Del mismo modo ha sido olvidada, sin mayor eco, la respuesta gubernamental: «el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha cerrado la puerta a esta posibilidad y ha explicado que las fincas del Estado ‘tienen como finalidad principal la conservación del medio natural y el uso y disfrute por los ciudadanos siempre que sea posible’. En ese ‘uso y disfrute’ no se incluye como finalidad principal el empleo.» Pero de todo ello, de ese problema eternamente irresuelto, seguiremos hablando en la segunda parte de esta entrada, para no abusasr de la prudente paciencia del lector.