La república de la propiedad (y 2)

Estas iniciativas políticas, la de José Luis Centella, de IU, u otras más desconocidas aún como la del ayuntamiento de Redueña (Madrid), Carcaboso (Cáceres), El Campillo de la Jara (Toledo) y los pueblos cántabros de la Mancomunidad de Municipios sostenibles, que pretenden crear bancos de tierra, nacen de una buena intención: poner propiedades agrarias de titularidad pública a disposición de cooperativas o pequeños agricultores para su explotación.
JornalerosPero pecan de coyunturales, porque han surgido al calor de la «crisis» con la simple (y loable, cómo vamos a negarlo) pretensión de crear empleo, sostenible, como se llama ahora, y de paliar la despoblación rural. Pecan también de un descuido lingüístico: usar la palabra «banco» (como se hace también con los alimentos) pues la contaminación semántica acarrea al mismo tiempo un contagio ideológico: un banco acumula dinero, acciones empresariales, bienes inmuebles o tierras para negociarlos después con usura. Es decir, que si usamos el término banco asumimos de camino su naturaleza y funcionamiento, basado en la acumulación y los intercambios fiduciarios. En ningún momento se pone en cuestión la misma idea de propiedad privada que discutimos aquí, en estas últimas entradas del blog.

Centella, por ejemplo, decía en su propuesta parlamentaria: «El Banco de Tierras sería el organismo institucional encargado de redistribuir los terrenos agrícolas de forma que se adecuen lo más posible para el desarrollo y modernización agraria y social del campo.(…) El Banco de Tierras es una herramienta que permite movilizar las tierras de cultivo mediante arrendamientos o cesión (…). Los destinatarios de la actividad del Banco de Tierras pueden ser cooperativas agrarias que pretendan aumentan su base territorial o jóvenes que quieran dedicarse a la actividad agraria en zonas afectadas por el envejecimiento o el éxodo rural.» La respuesta del Ministerio a esta iniciativa ha sido la esperable y no merece más comentarios: «el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no tiene entre sus previsiones la constitución de una entidad de esas características.»

Despierta algunas expectativas mayores la actitud de la Junta de Andalucía, más receptiva ante el problema agrario: «La Junta de Andalucía, al contrario que el Gobierno central, sí creará el banco de tierras para parados con las fincas públicas. El fracaso en la venta de 20.000 hectáreas de tierras del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), por las que sólo ingresaron 10,6 millones de los 75 previstos, ha dejado el inventario casi hecho» (El País, 1/11/2012) . Aunque parece adivinarse en ello una reivindicación del último y fracasado proyecto de Reforma Agraria, implícito en la desaparición del IARA que se menciona en la noticia. Esa muerte anunciada la contaba así el mismo diario, con tono elegiaco de responso, en enero del 2011: «El viernes pasado entró en vigor el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio que da carpetazo oficialmente a la reforma agraria que nació en el año 1984 y que supone la extinción del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara). A partir de ahora, se abre un plazo de un año para que todos los colonos que venían explotando las tierras opten a su compra y adquieran la condición de propietarios»

Por su parte, el primer banco de tierras ya en funcionamiento, el proyecto municipal mancomunado del que hablábamos más arriba, pretende, con una «música» de estos tiempos, lo siguiente: «El objetivo es recuperar las prácticas agrícolas “de los antepasados” y acercarlas a las propias de la agricultura ecológica, por ejemplo, evitando los pesticidas. Una de las medidas que han desarrollado es el banco de tierras, que cuenta con un espacio en la web en el que interactúan ofertantes y demandantes de tierras para prácticas agroecológicas.» (se pueden leer más detalles sobre este proyecto en Red Montañas).

Todo ello, como comprueba el lector, en la más estricta ortodoxia de un capitalismo que se pretende con rostro humano y ecologista, como es el que defiende la socialdemocracia española. Sin embargo, el problema de fondo, la necesidad ética y política, de revisar el régimen de la propiedad y sus límites sociales, santificado constitucionalmente, sigue invisible, intocado e intocable.

Reforma AgrariaLa desatención a lo que está ocurriendo de verdad, un proceso de nueva reapropiación y concentración en la propiedad de las tierras es realmente escandalosa. En los últimos 10 años el número de sociedades no cooperativas propietarias de fincas agrícolas se ha duplicado y van acumulando un porcentaje importante de tierra cultivable. Aunque no he encontrado datos oficiales, se sabe que grupos empresariales como Ebro, Siro, Gullón o Pascual juntan cada una de ellas más de 10.000 Has de tierra. Las consecuencias de este proceso acumulativo se conocen: el precio de la tierra agrícola aleja la posibilidad de instalación de pequeños agricultores o cooperativas y facilita la especulación.

Todo está facilitado por la naturaleza jurídica de la tierra (por eso llamamos, como Negri, «república de la propiedad» al régimen que padecemos) que la considera un auténtico y exclusivo bien privado, al margen de cualquier regulación o restricción por su interés social. Su mercantilización es absoluta y está en la raíz de las desigualdades en el medio rural y entre este y el medio urbano, cada vez mayores. Y, para colmo -y para acabar por hoy el rosario de nuestras razones- no es ni siquiera ya un problema español, sino univesal.

Según un informe de la FAO, en 2011 se dispararon los precios de los alimentos -nos detuvimos en esta dramática cuestión en las entradas que le dedicábamos este verano en el blog y que el lector curioso puede leer como punto de vista complementario: Los futuros del hambre y Los futuros del hambre (y 2)– y hubo una auténtica explosión de adquisiciones de enormes extensiones de tierras cultivables y de zonas ricas en agua. De estas compras especulativas explicaba el diario Público, que es de los pocos medios atentos a estos hechos, siempre en la sombra de la invisibilidad en los grandes medios informativos occidentales, en su edición del día 19 de este mes: «La multiplicación de estas transacciones (que alcanzan un territorio equivalente a la totalidad de Europa Occidental) podría entrañar, según Diouf, ‘un forma de neocolonialismo: Estados pobres produciendo alimentos para los países ricos a expensas de su propia población hambrienta’».

Este es el verdadero «Gran Juego» del capitalismo rampante que sufrimos, en que todos somos, a nuestro pesar, participantes y cómplices involuntarios. Espero haber ayudado al lector y amigo del blog a entender la urgencia, equívocos y olvido imperdonable de esta fuente de injusticia hiriente, que hizo exclamar a un jornalero, en un diálogo con un senador, que cita Díaz del Moral en su libro sobre las luchas campesinas: «Señorito, ¿y cuándo llegará el gran día?» y responde, ante la perplejidad del político ante la pregunta, «el día en que todos seamos iguales y se reparta la tierra entre todos»…

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