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Creo que es buena cosa que se incorpore a la razón pública española, tras las declaraciones de Mas sobre la secesión de Cataluña, al calor y arrimo de la muchedumbre independentista que se manifestó en la Diada catalana, el debate racional sobre la independencia. También lo es, pese a que seguramente llega tarde (con la sospecha, que pesa sobre el PSOE como una losa en todas las iniciativas que toma ahora en su oposición política, de por qué no lo hizo antes), la reivindicación del federalismo como solución histórica para el viejo problema territorial de España. En realidad, el destiempo y el anacronismo arrancan de aquella flor de un día de la revolución de 1868 que fue la I República, la federal, tan fugaz que ni siquiera se hizo su hueco en nuestra literatura salvo en el cálido y melancólico episodio nacional que dedicó Galdós al cantón de Cartagena y a su resistencia numantina y romántica.

Lo que sucede es que, con toda probabilidad, ésta será otra ocasión perdida: ya lo anuncian las baladronadas de la derecha política, social y mediática española a las que se unirán pronto, a no dudar, las declaraciones espontáneas y compulsivas de algún militar o de algún clérigo perteneciente al staff de la militante iglesia nacional-católica española. No sé si, en realidad, el delicado concepto de razón pública -tal como lo entiende John Rawls en la sofisticada construcción abstracta, que ha ido elaborando a lo largo de los años, sobre la legitimidad de los regímenes democráticos, por ejemplo en su conocido libro La justicia como equidad– se puede aplicar en nuestro país. En España falta el equilibrio reflexivo, la tranquilidad de ánimo necesaria para poder hablar y discutir, en una confrontación ecuánime, con la ayuda sola del sentido común, sin que enseguida nos asalten los malos modos, los agravios históricos, las amenazas de las líneas rojas. Siempre ha sido así, por decirlo con la fórmula feliz hallada por Andrés Trapiello, los límites de nuestro debate público son «las armas y las letras».

En la noble tradición intelectual del contrato social, ninguna institución, incluyendo entre las instituciones humanas, por supuesto, la del estado-nación, se diseña para ser eterna sino para cumplir con los deseos y satisfacciones de los ciudadanos que las crean y aceptan. Con más razón las nuestras, porque son producto de unos pactos provisionales que se hicieron a la salida de la Dictadura, en unas circunstancias de amedrentamiento social, de amnesia histórica y de miedo político, cristalizadas en una constitución de medias palabras que, concretamente en lo que se refiere a la estructura territorial, fijó el estado autonómico como paradigma intocable, simbolizado en la Monarquía heredada como forma de estado y en la salvaguarda y custodia extrema de la fuerza militar.

Los que, como yo, defendemos la necesidad actual de un proceso constituyente lo hacemos para devolver la palabra a los ciudadanos españoles, únicos fideicomisarios de la soberanía. Si en ese proceso constituyente los nuevos representantes políticos deciden la secesión catalana, o vasca, o gallega, o andaluza, será así sin el artificioso sentimiento de pérdida que está en la raíz de la melancolía. Tanto como si la solución preferida por los nuevos constituyentes fuera un federalismo de nuevo cuño, como el que leía en un análisis de prensa reciente, inusualmente sosegado, que argumentaba sobre una federación de territorios basada en las lenguas peninsulares: una zona castellanoparlante, otra catalana, otra gallega y otra vasca. Salidas tan aceptables como la de seguir perteneciendo a un estado unitario con autonomías regionales.

En la tradición de los contratos sociales lo único que es inaceptable es la imposición por la fuerza. La aceptación de un contrato social tiene, además, una naturaleza simbólica (¿qué otra cosa es lo que, a nivel sentimental, forma la argamasa de un estado-nación sino un imaginario simbólico?) cuya existencia pertenece a la realidad imaginada de la que habla Lacan en su perspectiva psicoanalítica. Esa naturaleza imaginada incorpora al debate sobre la forma de estado la necesidad de la persuasión. Y la falta de persuasión es una de las razones del fracaso histórico de una «España vertebrada». Por eso, la palabra «fatiga» utilizada por Artur Mas para definir la relación de Cataluña con España -con las connotaciones que, sobre todo en andaluz, tiene de hartazgo y reiteración- me parece acertada. Persuadir a Cataluña, en esa realidad imaginaria que es España, en el plano simbólico y sentimental y no sólo en el económico, es una tarea pendiente que no sé si alguna vez tendrá realidad política.

En cuanto a lo económico y posibilista -que es lo que predomina en el debate tal como está planteado- parece claro que tanto unos como otros, independentistas, federalistas y autonomistas son conscientes de que no nos hemos movido de las declaraciones de intenciones. La pérdida tremenda de soberanía nacional que está suponiendo para todos los viejos estados-nación europeos la crisis financiera y política actual no hace presagiar, en ninguna de las hipótesis razonables, el visto bueno necesario de la Unión a un nuevo y minúsculo estado en su convulso seno.

Incluso, por último, una variante de las teorías de juegos (citada por John Rawls en el libro que mencionábamos antes) dejaría fuera del escenario de lo probable o real la reivindicación independentista de los nacionalistas catalanes. Se trata de imaginar el juego de los estados como un juego de lotería tal que ninguna coalición de jugadores lo abandonaría a menos que pueda garantizar a cada uno de sus miembros un mejor pago en una nueva lotería. La imposibilidad presente de encontrar ese nuevo juego de lotería que diera a los catalanes mejor pago no niega, en absoluto, su capacidad (pues es derecho de gentes) para especular, debatir, fundamentar, elegir y decidir a qué lotería les gustaría jugar.

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